Tres de la madrugada, 27 grados

Esta es la temperatura más baja que marcaron los termómetros en Barcelona durante la noche del 28 al 29 de junio de 2026. Estas noches tórridas han dejado de ser una anomalía estival para convertirse en el síntoma de una transformación más profunda: el cambio climático ya no es solo un fenómeno ambiental, sino también una crisis de salud pública de primera magnitud.

Las cifras lo avalan. Solo en el verano del 2024, más de 62.700 personas murieron por causas relacionadas con el calor en Europa, según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) publicado en Nature Medicine. Para analizar esta nueva realidad, el informe Calor extremo, salud en riesgo, elaborado por el propio instituto para el Observatorio DKV de Salud y Medioambiente, ratifica un cambio de paradigma insoslayable: el calor extremo ha dejado de ser una emergencia puntual para convertirse en una amenaza estructural. Para entender las implicaciones de este escenario y cómo afecta a España, hablamos con Elizabeth Diago Navarro, investigadora y coordinadora del Hub de Preparación y Respuesta (PR3) del ISGlobal.

De la emergencia estacional al riesgo estructural

Sostiene la investigadora que “España transita hacia un clima en el que el calor extremo es una condición recurrente y estructural, que supera el antiguo patrón de olas de calor esporádicas”. Según advierte, la combinación de la ubicación geográfica mediterránea, un envejecimiento demográfico acelerado y una economía altamente dependiente de sectores expuestos (turismo, agricultura y construcción) sitúa a España en el centro de esta vulnerabilidad. Los esquemas tradicionales de protección civil y salud pública resultan ya insuficientes ante temporadas estivales cada vez más prolongadas que reducen los márgenes de recuperación: “El calor es una nueva norma climática que exige ser integrada de manera permanente y transversal en la planificación sanitaria, urbana y laboral”.

Elizabeth Diago Navarro

El desgaste acumulativo del organismo

Los datos del ISGlobal revelan un desgaste crónico profundo. Cada grado adicional de temperatura eleva de forma sistemática la presión sobre el sistema sanitario, lo que se traduce en un incremento del 18 % en la morbilidad general y de un 25 % en la de las personas mayores de 65 años.

La investigadora pone el foco en la invisibilidad estadística que frena la respuesta política: “La mayoría de las muertes se registran como causa cardiovascular, respiratoria o renal, no como ‘muerte por golpe de calor’, lo que lleva a subestimar sistemáticamente el problema”. Se trata fundamentalmente del agravamiento de enfermedades previas como descompensaciones cardiovasculares o insuficiencia renal, o también desequilibrios electrolíticos o afecciones causadas por fármacos que alteran la capacidad termorreguladora del paciente.

A este cuadro se suma la salud mental y reproductiva: entre otros, el calor eleva el riesgo de ansiedad un 43 % y el de depresión un 26 % por cada grado adicional, mientras que en gestantes crece el riesgo de prematuridad y muerte fetal.

Desigualdades térmicas

El impacto del estrés térmico está profundamente determinado por la renta y el género. La investigadora asevera que “el código postal puede ser más determinante para la salud que cualquier factor clínico”. En Madrid, por ejemplo, los barrios de menor renta registran hasta 4,1 ºC más de temperatura nocturna por la falta de vegetación y la peor calidad de las viviendas. A esto hay que añadirle la brecha de género: las mujeres mueren un 56 % más que los hombres durante las olas de calor debido a factores fisiológicos posmenopáusicos y mayor aislamiento social. Las mayores de 65 años son el subgrupo de mayor riesgo.

La vulnerabilidad también incide en las personas mayores aisladas que sufren de soledad no deseada y en los trabajadores al aire libre. “Los migrantes temporeros en agricultura o los trabajadores de la construcción concentran la mayor exposición”, explica Elizabeth. En definitiva, el mapa del calor se convierte en un reflejo directo de la desigualdad social.

Un entorno deficitario: infraestructuras y ámbito laboral

Al evaluar si las ciudades y centros de trabajo españoles están preparados para esta situación, la investigadora responde directa: “La respuesta corta es no. El 85 % del parque edificatorio europeo se construyó sin criterios de protección frente al calor y la tasa de rehabilitación anual es solo del 1 %. Además, España pierde ya 320 millones de euros al año en lesiones laborales vinculadas al estrés térmico”. Para revertirlo, urge “integrar el riesgo térmico en los códigos de edificación, ampliar el arbolado en barrios desfavorecidos para reducir el efecto isla de calor urbana, garantizar la aplicación efectiva de la regulación laboral ante avisos de la AEMET (especialmente, en los sectores más vulnerables) y tratar el calor como un riesgo estructural permanente”, detalla Elizabeth.

De las guías a la acción comunitaria

“Las herramientas existen: los planes de prevención bien implementados reducen la mortalidad por calor un 25,2 % en las localidades europeas que los aplican”, resalta Elizabeth. Aunque España cuenta con un Plan Nacional, su aplicación es desigual según territorios y falta financiación y evaluación exhaustiva de su eficacia.

Ante veranos más largos y una población envejecida, la experta sitúa el optimismo en el tejido social: “Las iniciativas comunitarias demuestran que la protección más efectiva frente al calor no siempre viene de arriba, sino del barrio. Necesitamos construir una cultura de preparación colectiva: saber quién vive solo en tu escalera, conocer el refugio climático más cercano, tener un plan familiar. Esa cultura no se improvisa en julio, se construye durante todo el año con formación, con redes y con la convicción de que cada persona bien acompañada es una persona mejor protegida”.

La investigadora hace una llamada a la acción transversal que apela a toda la sociedad y recuerda que “las herramientas para reducir la mortalidad por calor ya existen y funcionan. La brecha está en convertir el conocimiento en acción, y eso requiere de voluntad política y recursos proporcionales al riesgo”.